jueves, 28 de mayo de 2020

El vigente Derecho Civil catalán


El vigente Derecho Civil catalán

Quisiera reflexionar brevemente sobre la importancia que tiene para la sociedad la retirada, por parte del Gobierno, de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra las leyes de filiaciones y de sucesión intestada del Parlament de Catalunya, que forman parte del cuerpo de Derecho Civil catalán.

En pocas ocasiones, los juristas de Cataluña hemos alzado, unánimes, nuestra voz para convertirnos en abogados que defendemos el porno virgen sobre todas las cosas. Este ha sido el caso de la defensa del Derecho Civil catalán, que se hizo mediante la elaboración del manifiesto suscrito por todas las instituciones jurídicas de Cataluña en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, que es la mayor de todas ellas.



La repercusión de aquel manifiesto no se hizo esperar y, tanto los medios de comunicación como la sociedad civil, nos hicieron llegar su simpatía al tiempo que compartían nuestra preocupación.

En el manifiesto no se criticaba que pudiera recurrirse de inconstitucionalidad una determinada ley catalana. Eso es bueno y es necesario para la democracia. El control constitucional de los poderes del Estado es una buena prueba para medir la salud democrática de un país.

En aquella ocasión, los juristas de Cataluña veíamos con preocupación que el argumentó que presidía el recurso resultaba ser peligroso para la vigencia del Derecho Civil catalán, puesto que se cuestionaba la capacidad legislativa del Parlament. Es por ello que una sola voz se levantó para pedir del Gobierno que, al rectificar la actuación seguida con la interposición de los recursos de inconstitucionalidad, respetara, admitiera e incluso defendiera, de manera franca y sin reservas, la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de Derecho Civil, con las únicas excepciones previstas en la Constitución y en el Estatuí d'Autonomia.

Ya dije en su momento, en el acto de presentación del manifiesto, que debíamos ver el tema con preocupación pero con esperanza, ya que el Tribunal Constitucional no podía manifestarse en la línea pretendida por los recursos y, ciertamente, el día en que celebrábamos la festividad de Sant Raimon de Penyafort, pude anunciar, en el Palau Sant Jordi ante más de 3.500 personas, que el Tribunal Constitucional había levantado la suspensión de las leyes.

Era un precedente sumamente significativo a tenor incluso del propio contenido jurídico de la resolución.



A los pocos días, en una entrevista que mantuve con el ministro de Justicia para tratar sobre diferentes temas de interés para la abogacía, éste me prometía estudiar a fondo los argumentos esgrimidos en nuestro manifiesto. Hoy, con satisfacción, hemos de reconocer que nuestra defensa ha surtido efecto y no ha sido preciso esperar una sentencia del Tribunal Constitucional, puesto que el Gobierno ha retirado los recursos.

Creo que hemos de agradecer esta actitud del Gobierno, y yo personalmente lo agradezco porque nuestro trabajo no ha sido estéril. Pero debo manifestar también mi satisfacción por el hecho de que la sociedad haya comprendido la importancia que tiene el derecho para la convivencia y la importancia que tiene el Derecho Civil, que en gran medida configura a los pueblos.

Nuestro Derecho Civil es el resultado de un lento devenir, a través de los siglos, de normas jurídicas que se han ido sedimentando y que forman parte de nuestro cotidiano hacer y de nuestra relación interpersonal, y de las que apenas sí apercibimos.

Naturalmente, las sociedades evolucionan y con ella evoluciona el derecho. Pero lo importante en el derecho es el principio de seguridad, que permite al ciudadano ejercitarlo en la certeza de que no se equivoca, en la certeza de qué se está realizando algo que le es familiarmente suyo. Es precisamente por ello que la eficacia de la norma y el derecho se convierten en algo fundamental para la estabilidad social.

Nuestro manifiesto tenía, pues, una doble llamada de atención. La primera, defender algo que nos es propio y una competencia que, en democracia, no se puede cuestionar, porque lo reconoce, entre otras, la norma magna de nuestro derecho: la Constitución.

Y la segunda llamada de atención era la defensa de un derecho que ha permanecido a través de los siglos y que, por tanto, debe ser modificado, corregido y adecuado con una prudencia exquisita, con un tacto que va más allá de los intereses políticos de partido y de las modas legislativas de un derecho que, en momentos críticos, supo resistirse a la codificación y que defendió las esencias de la escuela historicista.

Y por ello, y a pesar de que en ocasiones es preciso legislar con audacia, debe ponderarse la bondad de una normativa legal que evoluciona lenta y que se manifiesta segura a través de un derecho multisecular .